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20 de diciembre, 2022
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A más de 100 días del inicio del nuevo Gobierno, el presidente Petro ha tenido varios cambios de postura desde el momento en que inició la campaña presidencial al momento actual frente al modelo extractivista y la alta dependencia de la economía colombiana a esta actividad. Si bien Gustavo Petro siempre ha sido un fuerte crítico frente al uso excesivo de combustibles fósiles, durante este lapso de tiempo ha matizado un poco su postura. A continuación se analizarán las posibles causas.

Con el argumento de que es necesario llevar a cabo un cambio en el modelo de consumo y producción energética, el ahora presidente manifestó en campaña la necesidad de lograr la transición energética en un lapso de 12 años como solución a la crisis climática que se vive hoy por hoy. Sin embargo, este lapso de tiempo parece ser muy ambicioso si se tiene en cuenta que en la actualidad la matriz energética del país es altamente dependiente de los combustibles fósiles. Si se tiene en cuenta que el principal problema ambiental que posee Colombia y que contribuye a la crisis climática es la deforestación, es fundamental que el Gobierno tome cartas en el asunto para darle solución a estos conflictos ambientales.

Ya habiendo sido electo como presidente, Gustavo Petro y la designada ministra de ambiente afirmaron que no se iban a firmar nuevos contratos de exploración y explotación, en coherencia con su visión de desarrollo. En consonancia con lo anterior, una vez posesionada la nueva administración, la ministra de Minas entrante, Irene Vélez mencionó en una entrevista que ante una eventual escasez de gas natural en el país, éste se iba a importar desde Venezuela. El problema radica en que la importación de gas natural implica un incremento importante de la tarifa del servicio, lo que afectaría principalmente a las familias de bajos recursos, las cuales representan el 60% de la cobertura. La transición energética no puede ir desligada de la transición económica, tan importante como la primera en un país tan dependiente de los hidrocarburos.

En vista de la importancia económica que tienen los combustibles fósiles para la estabilidad macroeconómica, el Gobierno Nacional ha abierto la puerta a la firma de nuevos contratos de exploración y explotación petrolera, eso sí, cerrando de tajo cualquier posibilidad al fracking. La decisión abre la puerta a la posibilidad de mayores conflictos ambientales en los territorios donde se realiza la actividad petrolera y donde no se ven reflejados los grandes beneficios que se obtienen en el sector de hidrocarburos. Ahora bien, esta decisión también implica una estabilidad macroeconómica en el corto y mediano plazo que, entre otras cosas, permitiría diversificar las actividades económicas del país con el fin de reducir la alta dependencia de Colombia a los combustibles fósiles.

Para lograr una transición energética justa es necesario que los territorios donde se realiza explotación petrolera y que han sido olvidados históricamente por el Estado puedan incrementar su calidad de vida por medio de los beneficios que se obtienen producto de la actividad extractiva. La deducción de regalías y las sobretasas de renta a la actividad petrolera busca recaudar más ingresos que deberán traducirse en un mejoramiento de las condiciones de los territorios petroleros. De igual manera, es necesario empoderar y cualificar a las comunidades con el fin de fortalecer la generación local de energía en lugar de realizar megaproyectos generadores de conflictos socioambientales. Por último, se deben abrir espacios de investigación e innovación que contribuyan a la generación de conocimiento relacionado con la transición energética.

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